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ÚLTIMA SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (STS, Sala 2ª, de 13 de febrero de 2019)

Resulta muy interesante la reciente sentencia de la Sala 2ª del TS, de 13 de febrero de 2019, en cuanto a la interpretación que hace  de la regla penológica contenida en el actual art. 31 ter,1. CP, anterior 31 bis 2, inciso final, que permite modular las cuantías de las multas impuestas, tanto a la persona física como a la persona jurídica, como consecuencia de los mismos hechos, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.


Se plantea el Tribunal la cuestión de «… si este mandato de modular las cuantías llega al punto de permitir franquear el mínimo legal; o por el contrario, queda vedada esa eficacia extraordinaria». Y considera que, sin ser concluyente una interpretación gramatical del precepto, arroja más luz la interpretación teleológica del mismo, en cuanto que permite pensar que «…esta previsión está pensando en personas jurídicas de escasa dimensiones o, más aún, en supuestos, como el presente, en que la persona física penalmente responsable es también socio mayoritario o muy relevante de la mercantil. De esta forma, se arguye, se armoniza la duplicidad, a veces más formal que material de sujetos responsables con la prohibición del bis in ídem». 


Para concluir que el parámetro o referente de esa buscada proporcionalidad ha de ser la suma de las cuantías de las respectivas multas, de forma que «… podremos colegir como criterio esclarecedor de enorme valor práctico una premisa: la multa total que realmente llegue a sufrir el administrador condenado, de forma directa (por venirle impuesta a él como responsable del delito) o indirecta ( por ser cotitular de la sociedad también responsable penalmente), no debe sobrepasar el máximo previsto para el concreto delito objeto de condena (…) En cuanto al suelo, si se estima que se pueden desbordar los umbrales mínimos fijados, la suma de ambas multas habría de superar siempre el mínimo por cuanto nunca debería admitirse que la dual responsabilidad penal (persona física y persona jurídica), suponga de facto una atenuación. Si se admite la excepcional disminución por debajo del mínimo legal cuando así lo aconseje el principio de proporcionalidad, procederá muy significadamente cuando lo imponga la necesidad de respetar el non bis in ídem por superponerse la condición de administrador condenado a la de titular mayoritario de la sociedad».


Por último destacar que, de forma expresa, deja fuera el supuesto de una sociedad unipersonal,  de un único socio,  en cuyo caso sostiene «…el campo de discusión es diferente». Por lo que habrá de seguir esperando a futuras sentencias que vayan interpretando esta interesante cuestión.


 

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