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NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Se ha publicado en el BOE la nueva Ley de Contratos del Sector Público cuya entrada en vigor  se producirá el 9 de marzo de 2018.

La Ley nace con el objetivo de establecer un nuevo marco regulador del sistema de contratación pública con la vocación de mejorar la eficiencia y la transparencia, simplificar los trámites, facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y propiciar que las administraciones públicas la empleen para lograr objetivos sociales comunes.

Entre las novedades más importantes destacan las siguientes:

  • Se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad
  • Surgen nuevos procedimientos como el abierto simplificado  o el de asociación para la innovación.
  • Se rebajan los límites del valor estimado máximo de los contratos menores estableciéndose en 40.000 euros, para los contratos de obras, y en 15.000 euros, para los de suministro y servicios. Se reduce la capacidad de las administraciones de adjudicar directamente este tipo de contratos.
  • Se facilita el acceso de las PYMEs y autónomos a la contratación; (1) se obliga a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento; y (2) se rebajan las condiciones de solvencia técnica posibilitando el acceso a los procedimientos de contratación a empresas de nueva creación.
  • Se sustituye como criterio de adjudicación "la oferta económica más ventajosa" por el de "la mejora en relación con la calidad y el precio". Se pretende evitar con ello que la selección precio más bajo como criterio preferente afecte a la calidad y fomente prácticas anticompetitivas.
  • Se permite participar en las posteriores licitaciones a las empresas que hubieran participado de las consultas preliminares.
  • Se establecen diferentes medidas de lucha contra la morosidad:
  • Para vigilar que las empresas que trabajen para las Administraciones públicas no paguen tarde a sus proveedores se les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico.
  • Se imposibilita que las Administraciones certifiquen las obras en más de 30 días.
  • Se permite el pago directo a los subcontratistas y se faculta a los subcontratistas para que puedan exigir del órgano de contratación el pago.
  • Se establece un mayor límite a los modificados y se prohíben las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas; así mismo, se establece la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario a los trabajadores.
  • Nace la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión y se crea la figura de responsable del contrato (funcionario o empleado público designado para ello).
  • Se modifica el sistema de recursos contractuales pasando el recurso especial a ser preceptivo, y no potestativos como hasta ahora, y se amplía el ámbito de recurso especial. 
  • El área de Derecho Administrativo de IPARBILBAO Abogados puede informarle con más detalle de las novedades de esta nueva normativa.

 

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