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DESAHUCIO EXPRÉS FRENTE A LOS “OKUPAS”

DESAHUCIO EXPRÉS FRENTE A LOS “OKUPAS”
 
Entró en vigor, el 2 de julio de 2018, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regulada mediante la Ley 5/2018, de 11 de junio, publicada en el BOE en fecha 12 de junio de 2018, y que trata de dar respuesta al problema creado por el aumento del número de personas en situación vulnerable y de exclusión residencial y que paralelamente ha agravado el problema de desalojo ante una ocupación ilegal de vivienda, recogiendo el preámbulo que la ocupación ilegal no puede ser una forma tolerada de acceso a la posesión de una vivienda, ya que no encuentra amparo en el derecho constitucional a una vivienda digna.
 
Para ello, la modificación introducida en nuestra ley introduce un cauce no previsto hasta ahora mediante el artículo 250.1.4º previendo demandas por las que se podrá pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento.
 
Quedan fuera de la legitimación activa, las entidades financieras y promotoras, y entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social.
 
Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 441 regulando la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación si el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, al considerar que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para el acceso a vivienda a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Incluye un apartado 3 bis al artículo 437, por el que la demanda podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma y se podrá hacer además a los ignorados ocupantes de la vivienda, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble.  
 
Contempla asimismo que si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en cinco días, título que justifique su posesión, ordenando, en caso contrario la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer.
 
El único motivo de oposición habrá de fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor.
 
Para los supuestos en que los demandados no contesten a la demanda se procederá de inmediato a dictar sentencia, que permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días.
 
En definitiva una ley que permite que si los okupas no demuestran justo título en el plazo de cinco días el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, no cabiendo recurso y llevándose a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda, acortando así los plazos.
 
 
Lo importante será que los juzgados tramiten estas demandas con la misma celeridad que ha previsto el legislador.

 

 


 

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